Al parecer la presión norteamericana está haciendo efecto y cada mes hay nuevas “leyes” y “legislaciones” para seguir dándole colorete a la añeja estructura del Partido Comunista de Cuba y su vil dictadura.
Estas reformas apresuradas no surgen en un momento de estabilidad ni son el resultado de un análisis integral y serio; sino que aparecen en medio de la peor crisis económica experimentada por Cuba desde la desaparición de la Unión Soviética, agravada además por la intensa presión que la actual administración norteamericana está aplicando sobre Cuba en los últimos meses.
Nos referimos a las cuatro nuevas leyes que la Asamblea Nacional del Poder Popular aprobó durante la segunda y última jornada del Séptimo Período Ordinario de Sesiones de la X Legislatura, celebrada este jueves 30 de Julio en La Habana.
El visto bueno fue dado como es usual: a toda prisa, con la unanimidad acostumbrada y el bombo y platillo mediático-tropical de siempre. Las mismas no ofrecen soluciones concretas a la crisis generalizada en la Isla, son una maniobra cosmética política de supervivencia.
Las legislaciones aprobadas fueron el Código de Trabajo, la Ley de la Vivienda, la Ley del Sistema de Identidad Personal y Domicilio; así como la Ley de Organización de la Administración Central del Estado.
El Gobierno presentó el paquete legislativo como parte de la llamada actualización institucional del país. Sin embargo, varias de las medidas formalizan prácticas ya existentes, devuelven derechos básicos ciudadanos anteriormente restringidos por el propio sistema o fortalecen aún más las facultades inquisitoriales de organismos estatales como el tenebroso Ministerio del Interior.
A primera vista, las cuatro leyes parecen diferentes, pero obedecen a una misma lógica: adaptar el actual marco jurídico cubano a una economía condicionalmente “liberalizada”, sin modificar ni un milímetro el monopolio político del Partido Comunista.
Código de Trabajo sin conquistas laborales
Oficialmente el nuevo Código de Trabajo fue presentado como una legislación moderna y flexible, destinada a responder a la coexistencia de empresas estatales, mipymes, cooperativas y otras formas de gestión (la expresión “privadas” sigue siendo un tabú difícil de erradicar).
La norma elimina obstáculos para desarrollar el multiempleo, amplía las posibilidades del trabajo remoto, -incluso desde el extranjero-, y concede a los empleadores nuevas facultades como la de establecer jornadas laborales reducidas; las cuales son facultades de práctica común internacionalmente.
Asimismo, incorpora ciertos mecanismos de participación de los trabajadores y trata de adaptar las relaciones laborales actuales a las transformaciones económicas promovidas por el gobierno.
Sin embargo, la normativa continúa sin reconocer derechos laborales universalmente aceptados. En la misma no se incluyen el derecho a la huelga, -la cual es una de las principales conquistas sociales de la clase trabajadora-, la negociación colectiva independiente y la creación de sindicatos separados del Estado. Saque usted sus propias conclusiones.
Ley que corrige las decisiones de Fidel Castro
Uno de sus cambios más relevantes de la nueva Ley de Vivienda es la eliminación de la confiscación de viviendas por salida definitiva del país. Hasta hace unos años, los cubanos que emigraban perdían sus propiedades como consecuencia directa de abandonar la Isla, una práctica utilizada por el régimen para castigar a los nacionales que huían y se establecían en el al exterior.
Fue también la forma más fácil y abusadora que implementó Fidel Castro y su régimen totalitario para hacerse a la fuerza de inmuebles en perfectas condiciones, sin gastar un centavo.
La legislación también elimina la obligación de que los herederos informen, dentro del plazo de un año, del inicio del proceso de adjudicación de una casa que hubiera quedado sin ocupantes.
Asimismo, flexibiliza los contratos de compraventa y permite que las partes acuerden sus condiciones, siempre que no contradigan la legislación vigente.
Otro cambio autoriza a las personas naturales a poseer hasta dos viviendas, además de una propiedad destinada legalmente al descanso o veraneo. La tenencia de varios inmuebles, como muchas otras decisiones retrógradas, estuvo prohibida durante décadas bajo el argumento de que resultaba incompatible con el modelo socialista.
La ley mantiene la responsabilidad del Estado en el desarrollo de programas constructivos y la protección de personas vulnerables mediante subsidios, lo cual resulta ser un chiste de muy mal gusto si constatamos que los “programas constructivos” son nulos y no existe ninguna protección para las personas desvalidas que no pueden garantizarse un techo sobre sus cabezas.
También conserva la posibilidad de construcción por esfuerzo propio; con lo que el gobierno sigue desligándose de las responsabilidades que ha asumido desde 1959, y que garantizaban una distribución algo equitativa de las viviendas, -insuficientes en número y de baja calidad constructiva-, que logró fabricar.
Según cifras oficiales, Cuba registra un déficit cercano a las 800 000 viviendas; aunque la cifra real sobrepasa ampliamente el millón de unidades si se le suman inmuebles declarados inhabitables, edificios en peligro de derrumbe, las familias que llevan años hacinados en albergues y en locales (conocidos como solares o cuarterías) que no reúnen las mínimas condiciones para poder ser ocupados por seres humanos.
El Gran Hermano afila sus garras para intensificar el control
La Ley del Sistema de Identidad Personal y Domicilio amplía el marco legal utilizado por el Ministerio del Interior para registrar y controlar la información de ciudadanos cubanos y extranjeros residentes.
Según la retórica oficial, esta legislación desarrolla los preceptos constitucionales relacionados con la identidad personal, la inviolabilidad del domicilio y el derecho a cambiar de residencia; que en la práctica se traduce en más control y menos derechos y privacidad.
La norma crea una entidad permanente y un identificador público único para cubanos y extranjeros residentes. Ese número no quedará vinculado únicamente al documento de identidad, sino también a los trámites y procesos incluidos en los registros públicos nacionales.
La legislación regula la información registral y los datos necesarios para identificar a las personas tanto dentro como fuera del territorio cubano. También reconoce jurídicamente la Autoridad de Identidad Personal y Domicilio, una función que ya desempeñaba el Ministerio del Interior mediante sus oficinas de trámites.
El nuevo sistema abarcará los documentos de identidad, el domicilio declarado, la información de los residentes y los procedimientos administrativos relacionados con esos registros. Además, establece un régimen de infracciones y sanciones para quienes incumplan las nuevas disposiciones.
El Gran Hermano preparándose para la transición acelerada al sociacapitalismo o el capisocialismo controlado, al estilo chino. Barco distinto, el mismo timonel: el Partido Comunista y sus acólitos.
Menos ministerios, misma burocracia más concentrada
La cuarta norma aprobada fue la Ley de Organización de la Administración Central del Estado. La reforma reducirá la cantidad de organismos centrales a 21. Un total de 20 ministerios y el Banco Central de Cuba.
Hasta ahora, la estructura contemplaba 27 ministerios, además de varios institutos nacionales. El gobierno justificó la reducción como una respuesta a las transformaciones institucionales, económicas y sociales del país.
La nueva propuesta organizativa elimina la categoría de “instituto” dentro de la Administración Central del Estado. Como resultado de esa decisión, el Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (INDER), el Instituto de Información y Comunicación Social (IICS) y el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INRH) quedarán incorporadas a alguna estructura ministerial superviviente.
Si bien es cierto que la disminución del número de organismos podría reducir cargos administrativos y duplicidades, las autoridades no detallaron cuánto dinero permitirá ahorrar la reforma, cuántos funcionarios serán afectados ni cómo se distribuirán las competencias de las entidades eliminadas; lo cual confirma que es una medida de último momento, eminentemente política, para enfrentar el momento y no una solución económica tomada para ayudar a las depauperadas arcas gubernamentales.
Mantener un gobierno estructurado burocráticamente sobre 21 organismos en la administración central de un pequeño país sigue siendo una carga extremadamente pesada para una economía que tiene más directivos, -desde la nación hasta el nivel de municipio y los consejos populares-, drenando los pocos recursos con que cuenta; que fuerzas productivas tratando de generar riquezas.
Una reducción más profunda, acompañada por una racionalización real del aparato administrativo, habría tenido un impacto económico mucho más significativo. Quizás, si el recorte hubiera sido de hasta 10 organismos, -combinado con un reajuste objetico de la plantilla laboral-, la medida pudiera ser tomada como seria y quizás hasta resultara efectiva.
La reorganización tampoco modifica la concentración monopólica en la toma de decisiones en manos del Consejo de Ministros y el Partido Comunista. Sin lugar a duda, lo que hace ágil y fluida una gestión económica es la rapidez de toma de decisiones y la descentralización de las menos importantes. Algo que nunca ha sido un distintivo de la economía vertical de “ordeno y mando” de la Isla. Desafortunadamente este lastre se ha mantenido intacto con la nueva Ley.
Aunque cambien los nombres o se fusionen instituciones, el sistema continuará funcionando sin separación efectiva de poderes ni mecanismos independientes de fiscalización. Básicamente le trataron de dar “agua al dominó”, como se dice popularmente en la Isla; pero siguen las mismas 55 fichas de siempre.
En conjunto, las cuatro leyes revelan una tendencia clara. El Estado cubano reconoce que el modelo que ha defendido a capa y espada durante décadas ya no puede seguir engañando y es insostenible en su forma original, por lo que se ve obligado a modificar normas que antes consideraba inamovibles.
Sin embargo, esas reformas se concentran en la administración, la propiedad y el control ciudadano, mientras permanecen intactos los pilares esenciales del sistema político.
Más que una transformación real del fallido modelo comunista, las nuevas leyes apuntan a garantizar su supervivencia a toda costa.
LV, NV
08/01/2026
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