El pasado 3 de enero, la aplastante mayoría de los 28.6 millones de venezolanos que residen en su país más los 8.7 millones de sus hermanos desplazados por todo el mundo, celebraron cuando Estados Unidos puso bajo custodia al corrupto dictador Nicolás Maduro prometiendo garantizar el retorno de la democracia, -de la mano de un gobierno legítimo-, con un plan de tres etapas bien definidas: estabilidad, recuperación y, finalmente, transición.
En principio, se trataba de una estructura sensata porque la historia demuestra que toda transición de verdad, en América Latina, ha requerido negociaciones con el régimen en el poder (poder político) y con las fuerzas armadas (poder real) sobre los plazos electorales, la justicia transicional y otros cambios de peso en ese período.
La etapa final estaba bien clara y definida. El mismo Secretario de Estado, Marco Rubio, declaró más tarde que “en última instancia, para lograr una verdadera transición, es necesario celebrar elecciones multipartidistas, libres y justas“.
Sin embargo, desde entonces, la política estadounidense ha consistido en mantener esa puerta cerrada.
El apoyo a la sucesora de Maduro y exvicepresidenta, Delcy Rodríguez, se ha mantenido firme a pesar de la deficiente respuesta de su régimen ante las exigencias de que termine de liberar a todos los presos políticos (aproximadamente la mitad permanece en prisión) y que posibilite el regreso de los líderes de la oposición que están exiliados.
Tampoco se le ha exigido que coopere en el saneamiento de los mandos militares y paramilitares heredados del Chavismo. El enfoque se ha centrado en buscar inversiones en Venezuela y, sobre todo, en impulsar la producción petrolera, postergando la recuperación y la democracia para un futuro indefinido.
A eso se le suma la mala gestión e, incluso, la interferencia de miembros del gabinete de Rodríguez, en las labores de búsqueda y rescate ante los devastadores terremotos ocurridos el 24 de junio.
Esa actitud incongruente y tolerante de Washington está poniendo en riesgo de perder la buena voluntad que se ganó al remover a Maduro hace seis meses.
Los venezolanos, cansados de una larga espera sin señales de acciones prácticas para volver al camino democrático y al Estado de Derecho, han comenzado a dirigir su ira contra la administración Trump, considerando que ésta respalda abiertamente la gestión del gobierno Chavista en Venezuela.
Este comportamiento de la Casa Blanca no solo supone una posible traición al compromiso de Estados Unidos de restaurar la democracia en Venezuela tras 27 años de autoritarismo socialista; sino que también va en contra de los propios intereses estadounidenses porque resulta muy negativo para la otra prioridad de la administración Trump: controlar la extracción, refinamiento y distribución del petróleo venezolano.
Por otra parte, Washington no ha exigido que el régimen de Delcy Rodríguez entable negociaciones reales con las fuerzas democráticas lideradas por María Corina Machado. Por el contrario, se ha expresado en términos elogiosos sobre Rodríguez, la cual es una de las principales artífices del régimen despótico de Maduro.
El mismo Trump la ha calificado como “una persona fantástica” aunque ya sabemos lo prolijo que es el Presidente con adjetivos y elogios cuando quiere lograr algo.
Pero esa política ambigua no es buena; todo lo contrario, es contraproducente. Por un lado, si bien algunas empresas petroleras independientes podrían estar dispuestas a asumir el riesgo de invertir en Venezuela, las grandes compañías del sector no lo harán por una razón muy sencilla.
El riesgo de inestabilidad es, y seguirá siendo, excesivo mientras el Chavismo permanezca en el poder. No nos engañemos; es un régimen que, -aunque haya sido descabezado-, mantiene inalterado la garra sobre todos los niveles de la sociedad venezolana.
En ese contexto, ninguna empresa querrá arriesgarse a invertir miles de millones de dólares en una operación a largo plazo sin conocer las condiciones en las que coexistirá. Y, obviamente, no pueden conocer las condiciones hasta saber qué orientación tendrá el próximo gobierno. Incluso ni saben cuándo, este supuesto y esperado próximo gobierno, tome posesión.
Como sabemos, hace unas semanas Rodríguez logró que el parlamento venezolano aprobara una nueva ley buscando la inversión extranjera en el sector petrolero, la Ley Orgánica de Hidrocarburos. El nuevo instrumento jurídico flexibiliza el modelo de negocios en el sector, permitiendo que empresas privadas nacionales y extranjeras operen, extraigan y comercialicen crudo sin la necesidad obligatoria de una empresa mixta con participación mayoritaria del Estado.
La pregunta que se impone es clara: ¿cuál será la vida útil y el destino de esa ley cuando el régimen desaparezca? Nadie sabe ni se atreve a vaticinar lo que sucederá.
Si bien la inestabilidad persistente en el Golfo Pérsico podría llevar a algunos gigantes petroleros estadounidenses a observar con cautela las vastas reservas energéticas de Venezuela; mientras no se restablezcan allí la democracia y el Estado de derecho, el país seguirá siendo una tierra de potencial desaprovechado.
La idea, sobre la que parece estar operando la administración norteamericana, de que Rodríguez es sinónimo de “estabilidad”, ignora la realidad de que los venezolanos quieren que ella y su régimen se vayan. Cuanto antes, mejor.
Ayudar a mantener el status quo actual en Venezuela, donde Delcy Rodríguez está inconstitucionalmente ejerciendo de Presidenta según la Carta Magna de ese país, lo que genera ciertamente es inestabilidad, ya que frustra lo que de otro modo podría ser el verdadero camino de una transición a la democracia, de una forma más fluida.
Recordemos que Rodríguez no puede ser presidenta de Venezuela de forma legítima en estos momentos porque no fue elegida por votación popular para el cargo y, al actuar como presidenta encargada tras la detención de Nicolás Maduro, excedió el límite de tiempo constitucional de 180 días (90 días prorrogables por otros 90) sin convocar a elecciones.
Obviamente, la falta de un presidente electo vulnera cualquier proceso democrático que se quiera instaurar en el país.
Asimismo, este favoritismo prolongado a favor del aparato Chavista gobernante implica marginar a la fuerza a María Corina Machado, quien, -según todas las encuestas-, es la opción preferida del pueblo para la presidencia. Un sondeo de finales de junio situaba el apoyo a Machado en un 82.6 % y el de Rodríguez en un 4.5 %; con un 93.8 % de los venezolanos rechazando a Rodríguez como líder de cualquier proceso de transición.
El problema no es que la administración se mantenga neutral, sino que respalda firmemente a Delcy Rodríguez, desoyendo el interés real del pueblo venezolano. De hecho, la Casa Blanca se ha mostrado bastante hostil contra Corina Machado. La han hasta señalado como “un elemento perturbador que trabaja en contra de los objetivos de seguridad nacional de EE. UU”.
Como si fuera poco, Washington ha bloqueado activamente su regreso al país durante meses y continúa haciéndolo incluso ahora, tras el terremoto. Explicación sobre esta actitud, no existe. Ni lógica ni política.
Machado pudiera ser la persona idónea para liderar la recuperación de Venezuela. No hay lugar a dudas que es una política hábil, con firmes y claras ideas, defensora de los valores Occidentales.
Es mi opinión que personas así no nacen todos los días, son una rareza y deberían ser apoyadas, no tachadas y condenadas a languidecer en el abandono político. De hecho, ella encarna exactamente el tipo de liderazgo que Trump ha celebrado cuando triunfa la derecha en Colombia, Chile o Argentina.
Resulta igualmente desconcertante la ceguera de EE. UU. ante la desconfianza y el rechazo que el pueblo venezolano siente hacia el régimen de Rodríguez, sobre todo ahora, agravado tras la pésima gestión de los terremotos.
“Lo que presenciamos es una negligencia sistemática por parte del gobierno venezolano para restringir el acceso a las zonas más afectadas”, declaró a Washington Post un líder de la comunidad de refugiados venezolanos en Colombia. “Un régimen que se ha aferrado al poder, -no gracias a la competencia ni al respaldo electoral, sino mediante la represión, la censura y el miedo-, está fallando a la hora de facilitar las labores de rescate que podrían salvar más vidas; así lo afirmaron supervivientes, equipos de emergencia y antiguos funcionarios estadounidenses en entrevistas y redes sociales”, informó el periódico.
La administración Trump acierta al buscar la estabilidad y la recuperación de Venezuela, pero se equivoca al pensar que pueden lograrse sin un retorno a la democracia, especialmente ahora, tras los terremotos.
Marco Rubio, quien parecía ser un firme aliado de Machado, parece haber estrechado tanto su relación con Rodríguez que ambos intercambian hasta mensajes personales mientras él supervisa el régimen que ella preside, según un informe reciente del Times.
Por su parte, John Barrett, encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela, tampoco se queda atrás. La polémica imagen de él, compartiendo amigablemente con Diosdado Cabello, -captada en el aeropuerto durante la despedida a rescatistas estadounidenses-, generó indignación y fuertes cuestionamientos, ya que Washington mantiene una recompensa activa de 25 millones de dólares por la captura de Cabello.
Posteriormente Barrett fue consultado directamente sobre la foto y sobre si Estados Unidos mantenía su posición frente a Cabello. Sin embargo, evitó responder la pregunta y se enfocó en hablar de la ayuda humanitaria enviada a Venezuela tras los terremotos del 24 de junio. Declaró a los periodistas que Estados Unidos tiene “mucha confianza… en las autoridades locales”.
Al referirse a la respuesta del régimen ante el sismo, afirmó: “Ellos también quieren una Venezuela nueva, una Venezuela mejor. El terremoto no ha alterado su compromiso; más bien lo ha reforzado. Estamos trabajando codo con codo con nuestros nuevos amigos aquí en Venezuela”.
Por su parte, el general Francis L. Donovan, Jefe del Comando Sur norteamericano aseguró que la fuerza bajo su mando no controla el aeropuerto de Maiquetía, sino que solamente apoya la coordinación del tráfico aéreo, el aterrizaje seguro de aeronaves y la movilización de la ayuda. Ninguna mención a Cabello, como si fuera un fantasma o un espíritu.
Lo más llamativo es que ambos, Barrett y Donovan, reconocieron la magnitud de la operación humanitaria: más de un millón de libras en suministros, decenas de aeronaves y un gigantesco despliegue logístico lidereado por Estados Unidos.
Pero la pregunta incómoda sigue esperando respuesta de ambos. ¿Por qué nadie respondió claramente sobre sobre Diosdado Cabello?
Lamentablemente, los “nuevos amigos” son los mismos que organizaron y mantienen el aparato represivo de la élite gobernante venezolana, dirigiendo la estructura autoritaria del llamado Socialismo del Siglo XXI; no es el pueblo venezolano.
La misma cúpula Chavista contra la que Marco Rubio recientemente llamó a organizar una enérgica cruzada internacional en su “Reunión Ministerial sobre el Resurgimiento del Terrorismo Político”, en la que participaron representantes de más de 60 países.
Entonces, es difícil entender estas dos caras de la misma moneda con la que Estados Unidos lleva su política exterior, en el mundo y en Venezuela.
Los venezolanos comprenden que la falta de preparación ante desastres naturales y el deterioro general de la infraestructura nacional son consecuencia de más de veinticinco años de gobierno del régimen, encabezado sucesivamente por Hugo Chávez, Nicolás Maduro y, ahora, Delcy Rodríguez. Así mismo esperan librarse de todo lo que les recuerde esos 27 años de retroceso histórico.
La administración Trump acierta al buscar la estabilidad y la recuperación de Venezuela, pero se equivoca al pensar que pueden lograrse sin un retorno pleno a la democracia, -especialmente ahora-, tras el terremoto.
El orden de los factores es erróneo: la democracia es la clave para la estabilidad y la recuperación. La indignación que sienten actualmente tantos venezolanos debe canalizarse hacia unas elecciones en las que puedan ejercer su voto pacíficamente, canalizando sus opiniones y aspiraciones. Se han ganado ese derecho.
Preparar una elección no es tarea fácil, llevará un año, o quizás más. Hay muchas cuestiones pendientes: una nueva Comisión Nacional Electoral que no esté dominada por el régimen, revisar y publicar nuevos registros electorales, establecer los debidos procedimientos de votación para los millones de venezolanos que se han convertido en refugiados y propiciar el regreso de exiliados políticos como Machado. A sí mismo, los partidos y los candidatos deben tener el tiempo y la libertad suficientes para organizarse.
Sin embargo, las elecciones nunca se celebrarán si Venezuela y Estados Unidos esperan a que se cumplan todas las condiciones previas antes de fijar una fecha. Todo lo contrario, establecer fechas claras y posibles es el mecanismo esencial para impulsar el inicio del proceso. Lógicamente todos los preparativos serán más difíciles en las zonas del país afectadas por los terremotos, pero esto constituye una razón para empezar a planificar las elecciones ya, no una excusa para retrasarlas.
De lo contrario, el rechazo del pueblo venezolano hacia el régimen pudiera desembocar en violencia y caos.
Estados Unidos abanderó la transición democrática en Venezuela desde 2018 hasta el momento en que Maduro fue apartado del poder. Hoy debería terminar ese trabajo y ayudar a Venezuela a recuperar la estabilidad, la prosperidad y la democracia.
Estos tres elementos van de la mano. Hacerse de la vista gorda ante la continua represión e incompetencia del régimen, así como mostrar hostilidad hacia la líder más popular de Venezuela, retrasará innecesariamente la recuperación política y económica del país.
Las grandes potencias suelen juzgar sus políticas por los resultados inmediatos. Sin embargo, la historia termina evaluándolas por su capacidad para construir órdenes políticos estables y legítimos. Si Washington aspira a una Venezuela democrática, próspera y aliada de Occidente, la estabilidad no puede ser el punto de partida. Debe ser la consecuencia de un proceso político legítimo.
Apostar por lo contrario puede ofrecer una calma temporal, pero difícilmente producirá una paz duradera.
Los venezolanos quieren que Delcy Rodríguez y su régimen se vayan. Al parecer, Estados Unidos no.
LV, NV
07/18/2026
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