Con relación a Cuba, la noticia que verdaderamente debe obligarnos a pensar no es simplemente que el histórico embargo estadounidense contra la Isla —vigente desde hace 64 años— se haya endurecido hasta acercarse, por fin, al diseño original con el que fue concebido, pero nunca plenamente ejecutado. La cuestión esencial es otra, más profunda y peligrosa: ¿hasta qué punto la Casa Blanca está dispuesta a escalar esta confrontación? ¿Y hasta dónde los tercos y fracasados gobernantes cubanos persistirán en su inmovilismo antes de abdicar en favor de la prosperidad de su propio pueblo?
El gobierno norteamericano ha cortado de raíz el suministro de entre 27,000 y 35,000 barriles diarios de petróleo subsidiado que Cuba recibía de Venezuela, y ha advertido que impondrá represalias comerciales —los siempre eficaces aranceles— contra cualquier país que intente sustituir ese flujo energético. No se trata de una medida simbólica; es una asfixia calculada.
El cierre del grifo venezolano llega en el peor momento imaginable para la Isla, que atraviesa la crisis más profunda desde 1959, cuando Fidel Castro tomó el poder mediante la lucha armada e instauró un régimen totalitario de corte comunista.
Sesenta y siete años de planificación rígida, persecución política y destrucción sistemática del emprendimiento individual han llevado a Cuba a una situación límite: colapso energético, agotamiento de divisas, escasez estructural de alimentos y medicinas, deterioro de la infraestructura y una precariedad que ya no es coyuntural, sino orgánica.
El modelo no está en crisis; es la crisis en sí mismo.
El presidente Donald Trump ha declarado que ofreció un acuerdo al gobierno cubano, formalmente encabezado por Miguel Díaz-Canel, aunque muchos consideran que el verdadero poder sigue orbitando en torno a Raúl Castro. Washington afirma que existen conversaciones. Desde La Habana, las señales son ambiguas: se reconocen “encuentros puntuales sobre temas específicos” mientras se niega cualquier negociación. Esa ambivalencia no es casual; es método.
Desde entonces, las especulaciones han proliferado. Se habla de participación de altos cargos de la CIA y del Departamento de Estado, de reuniones en México y de un liderazgo cubano encabezado por Alejandro Castro Espín, hijo de Raúl Castro, lo que —según esas versiones— conferiría legitimidad decisoria real a los contactos. La sola mención de un miembro del núcleo familiar en cualquier negociación envía un mensaje: en Cuba, el poder no es institucional; es dinástico.
Incluso se ha hecho viral el rumor de que Estados Unidos habría identificado y estaría trabajando discretamente con una figura interna, descrita por algunos como una eventual “Delcy Rodríguez cubana”, destinada a facilitar un proceso de transición que podría comenzar en este 2026.
¿A quién creerle?
Después de que altos funcionarios cubanos negaran reiterada y categóricamente la presencia de militares de la Isla en territorio venezolano hasta el mismo día en que el operativo del 3 de enero los Delta Force dieron de baja a 32 militares cubanos que integraban la guardia personal de Nicolás Maduro, toda declaración oficial proveniente de La Habana exige ser examinada con lupa y memoria histórica.
Disyuntiva imposible
El régimen comunista cubano enfrenta una disyuntiva que roza lo imposible.
Ceder ante las exigencias de la Casa Blanca implicaría liberar presos políticos, desbloquear el sistema económico liberando las fuerzas productivas a una competencia real y aceptar elecciones supervisadas internacionalmente. Eso equivaldría a poner en riesgo la arquitectura completa del poder construido durante más de seis décadas.
La alternativa es cerrar aún más el sistema, intensificar la represión y asumir que la crisis económica se profundice hasta niveles impredecibles. Pero esa ruta también entraña riesgos: descontento social acumulado, fractura interna y la posibilidad de un estallido social sangriento que podría conllevar intervenciones humanitarias externas de Estados Unidos, incluso con respaldo de la OEA u otros foros multilaterales.
Hay dos factores que La Habana no puede ignorar.
El primero es jurídico. El embargo no depende únicamente de la voluntad presidencial. Fue codificado mediante la Cuban Democracy Act (1992) y reforzado por la Helms–Burton Act (1996). Eso significa que cualquier alivio sustancial requiere transformaciones políticas verificables y la participación del Congreso estadounidense.
El segundo es político. Donald Trump es un negociador duro y despiadado, siempre va a por todas y cuando sabe que tiene la mano ganadora ya no piensa en ceder ni un centímetro ni conceder absolutamente nada. Si Washington considera que la presión está funcionando, aunque sea lentamente, no habrá incentivos para concesiones tempranas.
Por mucho que Trump se sienta envalentonado por la operación del 3 de enero, donde se extrajo quirúrgicamente a Nicolás Maduro y a su esposa, dejando su régimen y gabinete en su lugar; los factores en juego en Cuba presentan desafíos muy distintos y más delicados.
Cuba no posee vastas reservas de petróleo (el poco que tiene es de mala calidad y gran contenido de azufre) ni riquezas minerales, ni tierras raras que están tan en boga actualmente. Un cambio de gobierno no representa una gran ganancia económica para Estados Unidos. Incluso la legendaria industria azucarera que construyó la Cuba prerrevolucionaria ha colapsado hace años y la industria turística está tan mal gestionada que no puede competir con los vecinos caribeños y centroamericanos. Desde el punto de vista económico, la Isla no es un premio.
Desde el punto de vista estratégico, sí lo es.
Cuba representa una amenaza real y latente para la seguridad nacional norteamericana. Durante muchos años ha sido un “portaviones terrestre” al servicio de los hermanos ideológicos de turno. En la Isla se han asentado tropas, bases de submarinos y estaciones de escucha e inteligencia de la fracasada Unión Soviética y, después, de Rusia y China.
La Habana lleva más de seis décadas promoviendo un discurso frontal de odio contra todo lo que se relacione con Estados Unidos. Ha albergado terroristas de todo el mundo, entrenado a grupos insurgentes para subvertir el orden en decenas de países y cobijado a prófugos de la justicia internacional.
En los años 80 del siglo anterior, uno de los objetivos fundamentales de introducir droga colombiana en Estados Unidos usando a Cuba de trampolín era, según el propio Fidel Castro reconoció, “envenenar a la juventud norteamericana”, o sea, eliminar el reemplazo generacional. Un maquiavélico plan a largo término.
Además de ser un enemigo abierto, beligerante y agresivo a solamente 90 millas de la costa sur de la Florida, que ha sobrevivido trece administraciones estadounidenses; Cuba está gobernada por un régimen paria.
Cuba no es Venezuela
A diferencia del caótico y corrupto gobierno venezolano, el Estado unipartidista cubano ha vivido más de sesenta años de dictadura ininterrumpida bajo Fidel Castro, posteriormente su hermano Raúl, y actualmente el títere Díaz-Canel; lo que ha permitido al Partido Comunista dominar todas las facetas de la vida del cubano y estructurar el gobierno a su antojo.
Los funcionarios del partido y del gobierno, el Ministerio del Interior (MINIT) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) han sido adoctrinados en el mito de la invencibilidad de la revolución y temen el cambio. El control absoluto e inauditable de las FAR sobre áreas clave de la economía, como el turismo y los servicios financieros integrados en grandes holdings, contribuye a asegurar su lealtad y pertenencia al régimen.
Además, el poder real no es completamente visible. Díaz-Canel es un miembro del partido, elegido personalmente por Raúl Castro en 2018 para que formalmente lo sucediera. Ocho años después, Castro, con 94 años, ya ve cerca su final y el del legado de su familia, el cual se extingue de manera cierta.
Díaz-Canel ha tratado de ser continuidad de la línea dura de los Castros y, aunque ofrece una feroz retórica antinorteamericana para complacer a los “históricos” y amedrentar a los jóvenes; la situación de un país en ruinas y sin esperanzas demuestra que los días de la “revolución verde como sus palmas” respira, entre estertores de represión, su final.
Mientras tanto, el hijo de Raúl Castro, Alejandro, permanece de alguna forma cerca del poder real, ocupando un puesto vagamente definido en el Ministerio del Interior. Probablemente es el encargado de supervisar que las decisiones del gobierno y partido no se alejen de la línea trazada por su tío y su padre.
Seis décadas de control totalitario y represión han atomizado la sociedad civil cubana. No hay un liderazgo democrático a la espera, como lo hubo en Venezuela, que goza de la legitimidad popular de unas elecciones. La disidencia interna enfrenta severas restricciones; el exilio, aunque numeroso y políticamente activo, permanece dividido.
Muchos de los que se oponen al régimen comunista han sido obligados a marcharse, so pena de enfrentar largas condenas o hasta la muerte.
Desde 1959, casi 3 millones de cubanos han escapado de la brutalidad policial y el fracaso económico hacia todos los confines del mundo. La diáspora que ha logrado sobrevivir al trauma de la emigración y a los depredadores marinos del Estrecho de la Florida se ha concentrado mayormente en Estados Unidos, España y países de América Latina.
El éxodo por mar en rústicas embarcaciones, o por vía aérea, ha servido como una válvula de escape operada convenientemente por el régimen cada cierto tiempo.
El éxodo marítimo de Camarioca de 1965 fue una importante ola inicial de la estampida migratoria cubana posterior a 1959, en la que Fidel Castro permitió que miles de cubanos partieran hacia Estados Unidos desde ese puerto en la provincia de Matanzas. Tras el anuncio de Castro, casi 5,000 cubanos se marcharon, lo que dio lugar al inicio del llamado “Puente Aéreo de la Libertad”, organizado por Estados Unidos, que transportó a más de 260,000 personas hasta 1973.
A esto le siguió el éxodo del Mariel en 1980 (125,000) y, después, en 1994 (30,000), la emigración de los llamados “balseros”, que utilizan medios rústicos para cubrir las 90 millas náuticas entre Cuba y Estados Unidos.
El éxodo de cubanos no se detuvo. Entre 2021 y 2024 aconteció la mayor crisis migratoria en la historia de la Isla. Se estima que más de 1,79 millones de cubanos abandonaron, en ese período de tiempo, la tierra que los vio nacer, generando una pérdida poblacional del 18%. Más de 850,000 se establecieron en Estados Unidos.
Actualmente alrededor de 3 millones de personas de origen cubano (nacidos en Cuba y sus descendientes) viven en Estados Unidos, según informes de 2024.
Con estas migraciones masivas, el régimen cubano, a la vez que ha alejado a los ciudadanos más descontentos de la vida política y cívica de la isla, ha creado una fuerza numerosa con definidas motivaciones políticas en Estados Unidos.
Esta fuerza tiene raíces muy fuertes en Cuba y no aprobaría una dura intervención militar ni tampoco el ahogamiento total de la población por la falta de alimentos, agua potable y ausencia de atención médica. Es algo que conoce y con lo que fríamente juega el régimen, usando como escudos humanos a los familiares de los exiliados.
La numerosa comunidad cubanoamericana ha esperado impacientemente décadas para regresar a la isla. Muchos desean ver el colapso del régimen comunista y una transición a la democracia como las que se dieron en Europa del Este en 1989 y principios de la década de 1990.
Negociar al estilo de lo que estamos viendo en Venezuela representa un riesgo político para Trump. Existen límites legales a lo que su administración puede ofrecer a los ciudadanos cubanos y a la diáspora cubana en cualquier posible acuerdo con el régimen cubano. Como ya vimos, la Ley de Libertad de 1996 codificó el embargo estadounidense como ley. También añadió una serie de condiciones que cualquier futuro presidente tendría que confirmar para que el Congreso levantara el embargo.
Estas condiciones incluyen: la destitución de todos los Castro del gobierno, la liberación de los presos políticos, el restablecimiento de las libertades de asociación y expresión, y medidas creíbles para la celebración de elecciones multipartidistas.
Si bien el presidente Trump estuvo dispuesto a eludir la supervisión del Congreso en su operación en Venezuela, hacerlo en este caso podría provocar la ira hasta de los partidarios del embargo, en su mayoría republicanos.
O quizás no. La fe en que Trump puede lograr un cambio, aunque no sea inmediato, podría mantener su apoyo de los políticos republicanos y la comunidad cubana. En cualquier caso, un cambio de liderazgo al estilo venezolano no será suficiente, según la legislación estadounidense, para restablecer relaciones económicas significativas.
Por otra parte, cualquier promesa del régimen, con o sin el liderazgo actual, de liberar eventualmente a los presos políticos, flexibilizar las restricciones a las libertades fundamentales y celebrar elecciones libres y justas, siempre será recibida con legítimo escepticismo.
Escenario de alto riesgo
Existe, además, otro escenario, uno de alto riesgo: un levantamiento masivo popular en la Isla que impulse a cubanoamericanos a embarcarse hacia Cuba para unirse a los manifestantes y acelerar la transición a la democracia, lo que desencadenaría la violencia de las fuerzas de seguridad cubanas.
Si esto afectara a los ciudadanos estadounidenses en Cuba, aumentaría la presión para que las fuerzas militares estadounidenses intervinieran en la Isla para defender a sus ciudadanos. Esto, a su vez, podría escalar en un conflicto más amplio.
La proximidad geográfica, la cohesión institucional del régimen cubano y las limitaciones legales de Washington convierten cualquier escalada en un escenario potencialmente más tenso y complejo que el venezolano.
El final de esta situación depende cómo se respondan las dos preguntas finales, que no son retóricas sino estratégicas:
¿Hasta dónde estaría dispuesta a llegar la administración estadounidense?
¿Hasta qué punto el régimen cubano mantendrá su terca resistencia de no ceder el poder en bien de su pueblo?
La historia, esta vez, no será igual. Será definitoria.
LV, NV 02/14/2026
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